Fernando G. Villalba
EditorSe debate en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto que respalda el financiamiento que necesitan las universidades nacionales. El reclamo se moviliza desde 2024, un año marcado por masivas marchas de estudiantes y docentes, la toma de decenas de universidades, la aprobación de la ley y el posterior veto presidencial.
El debate vuelve a la carga, aunque nada asegura que el presidente decida vetar lo legislado una vez más. Por lo pronto, tras alcanzar el quórum con 134 diputados opositores y radicales, este miércoles 6 de agosto se dio inicio al grueso temario a tratar, con el proyecto de aumento de los fondos para las universidades nacionales ocupando en primer lugar. El quórum fue logrado entre legisladores de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Por Santa Cruz.
En el temario no se incluyen el reciente veto presidencial respecto a aumentos a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. Incluso se decidió excluir la insistencia de la ley de emergencia en Bahía Blanca, que también fue vetada.
Las claves del proyecto
Son 57 las universidades nacionales que resultarán afectadas positivamente si el proyecto se aprueba en ambas cámaras –y no recibe veto presidencial–. El objetivo es compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley.
Entre los puntos centrales están:
- Recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 teniendo en cuenta la variación anual de los años 2023 y 2024 del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
- Actualización bimestral de acuerdo a la evaluación de la inflación a partir de enero de 2025.
- Convocatoria a paritarias para docentes y no docentes.
- Presupuesto integrado equivalente a un punto del PBI.
- Incorporación de una partida adicional de 100 millones de pesos destinados a las carreras estratégicas.
- Ampliación anual y progresiva del monto de las becas estudiantiles, incluyendo al Progresar.
En los detalles del proyecto se puntualiza que los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.
Respecto a la recomposición del monto de las becas académicas, esta deberá actualizarse con índices no menores al IPC sobre la base de las ejecuciones del año 2023, procurando sostener o incrementar el número de beneficiarios.
Por otra parte, indica que la Auditoría General de la Nación realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias públicas y también remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.
Recordemos que, en octubre de 2024, el presidente Javier Milei vetó una ley similar y que la decisión fue ratificada por la Cámara de Diputados.
Caída presupuestaria en términos reales
El informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que el presupuesto universitario es el más bajo desde 2006 y la inversión por estudiante es la menor desde 2005.
Fuente: ACIJ.
“Si bien el Poder Ejecutivo realizó recientemente un aumento del 29% a través del decreto 425/25, los recursos asignados en 2025 para el Programa de Desarrollo de la Educación Superior se ubican en su nivel más bajo en casi dos décadas”, resaltan.
Y advierten: “En términos reales, el presupuesto para 2025 es un 9% inferior al del año pasado y acumula una caída del 32% desde 2023. Este recorte compromete el funcionamiento de las universidades y limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad”.
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