Los proyectos jubilatorios que consiguieron media sanción en la Cámara de Diputados contemplan un pequeño aumento del 7.2% en los haberes, junto con la actualización del bono complementario de 70.000 a 110.000 pesos y la extensión de la moratoria por dos años. Sin embargo, todo podría ser en vano, porque el gobierno ya anticipó que vetará cualquier cambio propuesto por los legisladores, por ir en contra de su programa de ajuste fiscal.
Las iniciativas, que buscan favorecer al sector de la tercera edad, fueron rechazadas por el oficialismo y algunos aliados. Esta posición va en sintonía con la promesa del gobierno de utilizar el veto presidencial si avanzan los proyectos jubilatorios y de Emergencia en Discapacidad, porque sostienen que generaría un impacto fiscal de 12.000 millones de dólares (lo que representa un 1,8% del PBI, según los cálculos oficiales).
Números. Desde el Palacio de Hacienda calcularon que el costo fiscal del aumento del 7,2% en las jubilaciones representará 0,20% del PBI en 2025 y 0,42% en 2026, sumando un total de 0,7% del PBI. Mientras tanto, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que llevar el bono previsional a $110.000 tendrá un impacto de 0,26% del PBI, si se considera su actualización por inflación.
Y como el presidente de la Nación, Javier Milei, remarcó recientemente en X: "La primera ley de la economía es la escasez: no hay de todo para todos".
Captura del tuit de @JMilei
Cuánto cobrarían los jubilados de aprobarse el proyecto
Según la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, el 7,2% de aumento busca compensar la inflación de enero de 2024 y por eso se intenta “recomponer el primer gran ajuste se hizo cuando se devaluó el peso argentino de manera arbitraria en 118%”.
Si sumamos el incremento del 7,2% y el nuevo bono de 110 mil pesos, los montos quedarían distribuidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima total: $436.648,01
- Jubilación máxima total: $2.197.140,00
- PUAM total: $371.330,24
Financiamiento alternativo
Los proyectos que apuntan a un aumento y la reincorporación de las moratorias previsionales incorporan artículos que dictan cómo financiarlos, en respuesta al argumento oficial de que no hay fondos para sostener ningún cambio.
En ese sentido, se propone establecer la derogación de la exención del impuesto del IVA a los directores de empresas, de ganancias a las sociedades de garantías reciprocas, y también establece que se deben readecuar las partidas para utilizar los 32.616 millones de pesos que le corresponden a la SIDE.
Además, propone usar el ahorro de la baja de tasa del FMI y la nacionalización de los recursos que se recaudan por los registros del automotor.
Sin embargo, el oficialismo rechazó el proyecto y definió la propuesta como una “irresponsabilidad política”. A toda costa, el objetivo de la gestión actual es sostener el superávit fiscal.
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