Fernando G. Villalba
EditorQuedan apenas las últimas horas para que se agote el plazo de las funciones delegadas por la Ley de Bases, y el gobierno se apura a desregularizar todo lo que puede. Este lunes publicó el decreto 449/25 que modifica la Ley de Inversiones Mineras para favorecer la concreción de los proyectos de cobre, oro y litio. Y esto es todo lo que cambia de ahora en adelante.
El gobierno ya no podrá arrogarse reformas en las áreas administrativa, económica, financiera y energética, porque este miércoles se extingue la emergencia pública que establecía por un año la Ley Bases, lo que le permitía al Poder Ejecutivo avanzar sobre varias cuestiones sin tener que pasar por el Congreso y el Senado. De esta forma, se publican las últimas modificaciones importantes. Y es el turno de la minería.
Qué significan estos cambios y cómo impacta en el sector
Este cambio, como tal, solamente afectará al proceso de aprobación de los proyectos. Modifica el artículo 10 de la Ley 24.196 de Inversiones Mineras para desburocratizar la actividad minera. Ese punto de la norma establecía que la autoridad de aplicación, la Secretaría de Minería, debía emitir un certificado de estabilidad fiscal a la empresa, con una demora promedio de alrededor de un año. En ese curso, se reunían las contribuciones tributarias y tasas aplicables para cada proyecto, tanto en el orden nacional como provincial y municipal vigentes.
En ese sentido, ahora se acortan los tiempos, ya que resulta suficiente que el certificado indique expresamente la fecha en que se consagra la estabilidad fiscal.
Tampoco habrá más formularios con más de 1.000 campos de datos para completar, como lo demandaba el Art. 18 de la ley, que exigía una constatación de las actividades para los proyectos sujetos a beneficios fiscales. Según el gobierno, en esos papeles el 80% de la información requerida no tenía respaldo legal. A partir de ahora, el beneficiario deberá presentar un informe sobre las inversiones pasadas elaborado por un profesional independiente.
Por otro lado, también se modifica la Ley 24.466 para transferir al Banco Nacional de Información Geológica la recopilación de datos, concentrando en una unidad profesional el manejo de esa base, ya que indican que esas tareas se superponían con las que le tocaba desempeñar al Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).
La Ley de Inversiones Mineras busca promover el desarrollo de la actividad minera en Argentina, estableciendo un régimen de fomento que ofrece incentivos a las inversiones en este sector mediante la estabilidad fiscal, algunos beneficios impositivos y facilidades en la importación de bienes y servicios.
Uno de sus principales incentivos es la garantía de estabilidad fiscal por un período de 30 años, lo que significa que las empresas mineras no verán incrementada su carga tributaria original durante ese tiempo. También prevé beneficios como la deducción del Impuesto a las Ganancias, la devolución del IVA y la amortización acelerada de inversiones, entre otras ventajas para el sector.
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