Con la publicación de los decretos 1084/2024 y 1086/2024, el gobierno de Argentina estableció la prohibición de material de propaganda política o personalidades políticas en las escuelas del país y que estén dirigidos a los estudiantes.
El documento establece que los trabajadores del Estado Nacional deben emplear los bienes del mismo solamente con los fines autorizados y evitar usarlos para su beneficio personal o de terceros. Aplica para profesores, dirigentes y políticos, entre otros.
“Que lo contrario implica una apropiación indebida de los recursos públicos para fines de autopromoción e involucra una conducta no solo moralmente cuestionable, sino que constituye un abuso de poder”, explica el decreto.
Además, sostiene que esta práctica se desarrolla de manera abusiva dentro de la administración pública y que lo único que buscan es glorificarse o perpetuarse en el tiempo. En consecuencia imágenes, obras, símbolos o cualquier referencia que se entienda como “forma de propaganda o de culto a la personalidad política” queda prohibida para su exhibición en cualquier edificio del Estado.
El artículo 2° del decreto 1084 modifica el tiempo de instalación para bienes que mencionen a personalidades políticas. Deben transcurrir 10 años desde el fallecimiento, la desaparición física o el acontecimiento que se quiera conmemorar para hacerle un reconocimiento a aquella persona en forma de estatua, placa o busto.
A su vez, este mismo artículo impide que se reconozca a cualquier persona que haya actuado en contra o mediante actos de fuerza contra el Orden Constitucional y el Sistema Democrático.
Los menores de edad, por su parte, sostiene el decreto 1086/2024, son avalados por la Convención sobre los Derechos del Niño, siendo libres de tener sus propias ideas, creencias, cultos religiosos y expresar sus opiniones. En consecuencia, se modificó la Reglamentación de la Ley N.º 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar este párrafo:
“La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, constituyendo un trato que afecta su integridad personal”
Cualquier acto que signifique o se interprete como una forma de persuasión política, política partidaria o adoctrinamiento, tanto profesores como padres pueden denunciarla a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).
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